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La tendencia a reivindicar la función política, social y democrática del Estado se explica por la moda precedente de arrinconarlo y desmantelarlo a nombre de las supuestas sapiencia y equidad del mercado y de la capacidad superior de los particulares para ejercer sus funciones con el incentivo dominante del lucro y la búsqueda de la máxima rentabilidad.
En esta dirección, se llegó al extremo de tolerar y aun de celebrar la contraviolencia codiciosa y cruel de bandas armadas aliadas al narcotráfico, de hacerse de la vista gorda a su dominio sobre buena parte de las entidades territoriales, de favorecer el caciquismo, de encomendarle el recaudo de las rentas y de valerse del desempleo para sortear dificultades que otro manejo requerían.
Conforme Joseph E. Stiglitz lo ha predicado, "cada país debe saber, en cada momento, cuál es la combinación adecuada de Estado y mercado". Por ningún motivo sería admisible pasar de la supremacía absorbente de éste a la aplastante y totalitaria de aquél. Logro magnífico del liberalismo fue ponerles límites intraspasables a sus atribuciones y señalarle claros objetivos sociales. Además, democratizarlo en sus instituciones y en sus previsiones.
Debería seguir proveyendo seguridad, pero no únicamente para proteger la integridad y movilidad de las vidas humanas. También sus derechos y libertades y, específicamente, seguridad social como servicio público obligatorio, atención de la salud y saneamiento básico, educación, crédito, oportunidades de trabajo, vivienda. En síntesis, todo un Estado Social de Derecho.
Por bajar la guardia en un momento infortunado, a Colombia la invadió el virus voraz del narcotráfico, el cual habría de contaminar importantes sectores públicos y privados y de erigirse en sostén financiero de su atroz violencia. De ahí se derivaron muchos de los males que la nación padece: el auge de actividades ilícitas y la corrupción de numerosos estamentos. Nunca deploraremos suficientemente ese contagio.
Contra él, no hay alternativa válida al deber irrenunciable de luchar por extirparlo con la cooperación efectiva de los países de donde la demanda y los precursores químicos provienen. Desde luego, no poco le ayudó a arraigarse, cuando no a legitimar sus frutos, la liberación prematura e intempestiva de los movimientos financieros a corto plazo. Providencialmente, nos escapamos del estigma de constituir una narcodemocracia.
Escandaliza ver cómo a las desguarnecidas expresiones regionales y municipales del Estado las minaron los grupos delictivos en connivencia con el clientelismo caciquil. Ahora mismo, estamos asistiendo al destape de las anomalías perpetradas a la sombra de la privatización del cobro de las rentas en la ciudad de Barranquilla.
Quién iba a pensar que en pleno siglo XXI se fuera a revivir con sutileza y ropaje de modernidad el sistema decimonónico del arrendamiento de los recursos públicos.
Al desmonte o el deterioro del Estado en otros frentes, se ha añadido la perversión de sus criterios y fines en determinadas ocasiones. Para mayor irrisión, el asomo de las orejas de la censura de prensa a las denuncias de El Heraldo sobre las irregularidades cometidas al amparo de los recaudos impositivos.
Cuando de reivindicar la función social del Estado se habla, no cabría olvidar el episodio melancólico del alza desorbitada de las tasas de interés que arruinó a cerca de un millón de compatriotas y sumió a la economía colombiana en recesión irreparable. Más aún, las fementidas políticas macroeconómicas que pretendieron superar la crisis a golpes de quiebras empresariales, desempleo y propagación de la pobreza. Como quien dice, cuanto corresponde al Estado Social de Derecho prevenir y jamás imponer.
Bien haría a los funcionarios la lectura de la Constitución Política antes de jurarla y comprometerse a obedecerla.
Abdón Espinosa Valderrama
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